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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
algunos sindicatos promueven acciones desestabilizadoras contra el pueblo salvadoreño. Ingrid Azucena Rodríguez, quien vive en Panchimalco, salió de su casa a las cuatro de la mañana para llevar a su hija de año y medio a la especialidad de emergencias del Hospital Bloom. La niña presentaba síntomas de cansancio y diarrea.
“Vine a emergencias con la niña ya que desde anoche está cansado del pecho y con diarrea, pero después de esperar tres horas me dijeron que no me iban a atender debido a que solo estaban dando consulta a los niños que vienen mas graves, mi hija está en control en Cardiología, pero ni ahí me quisieron atender, lo que me dijeron es que la llevara al seguro que ahí tal vez me la atendían”, dijo Ingrid, madre de un paciente del Hospital Bloom.
Ingrid y su hija son solo un caso de los miles de pacientes que se vieron afectados por el paro de labores impulsado por los sindicalistas de la Unidad Sindical de Trabajadores de la Salud Pública (USTRAPES), quienes siguen en protestas por el pago del escalafón para de 26 millones de dólares.
Dichas protestas, dijo el Viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas, “son acciones desestabilizadoras que afectan directamente a la población y que ocurren en un momento tan importante para el país de intenso diálogo y debate sobre la situación financiera de nuestro país y que no se debe de obstaculizar en este proceso de entendimiento que está promulgando el señor presidente de la República”.
El Viceministro afirmó que como Ministerio de Salud, “denunciamos y condenamos estas acciones que se presentan nuevamente y que sólo atentan a la salud de nuestra población; específicamente con la población más pobre que tiene que acudir a la red pública nacional”.
Y es que el Gobierno, a través del MINSAL está trabajando en la propuesta definitiva del incremento al escalafón 2017, el cual se ha propuesto a los salarios menos de $1,500 dólares, que cubriría al 82% del total de los empleados.
Por lo anterior, Robles Ticas hizo un llamado a los empleados de la salud para que “no presten oído a rumores que andan circulando sobre porcentajes, porque todavía está en discusión en la Asamblea Legislativa”.
El viceministro informó que las autoridades de salud lograron abrir siete hospitales: Ahuachapán, San Bartolo, La Unión, Santa Ana, Chalchuapa, Usulután, Santa Rosa de Lima, mientras que por la tarde, abrieron los hospitales de: Gotera, Psiquiátrico, Jiquilisco, San Miguel, Sonsonate y Nueva Guadalupe.
En el caso del primer nivel de atención, las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) paralizaron solamente 27 de 751, lo que corresponde a un 3.6%. Por su parte, los sindicatos, que hace semanas impulsaron un cese parcial de labores en diversos hospitales, demandaron la entrega del escalafón por parte del gobierno y luego marcharon hacia la Asamblea legislativa con el mismo objetivo, en esta ocasión paralizaron totalmente las labores; también amenazaron con realizar un paro general de labores en todos los hospitales del país.
“En el Hospital Bloom se ha paralizado la totalidad de las labores, esto abarca los departamentos de Citas, Farmacia, Hospitalización, Emergencias, Laboratorio Clínico y Bancos de Sangre. Estamos exigiendo que se nos de el beneficio del escalafón tal como está escrito en la ley”, dijo Alex Carvallo, sindicalista de USTRASPES.
Carvallo agregó que como miembros del sindicato no están dispuestos a que la Ley de Escalafón se fraccione y que de no recibir el incentivo como está definido en la ley actual, la gremial agudizaría sus acciones hasta llegar a paralizar totalmente la red nacional de hospitales.
Margarita Posada, representante del Foro de la Salud, afirmó que las protestas de los empleados de los hospitales públicos no tienen razón de ser, dado que “El ejecutivo ya aprobó que para el 2017 se le pague el Escalafón a más del 80% de los empleados de Salud, quienes ganan abajo de $1,500, estos representan a más de 24 mil personas”.
Los cierres y protestas, que están llevando a cabo los sindicalistas, según Posada, es parte de una campaña desestabilizadora en contra del Gobierno Central que a quienes realmente afecta son a los pacientes.
Los huelguistas dijeron que de no recibir respuestas satisfactorias a sus demandas seguirán con el paro en los próximos días para presionar al ejecutivo; mientras cientos de pacientes como Ingrid y su hija siguen perdiendo sus consultas para las que esperaron hasta seis meses.
